Archivo del 4 de Febrero de 2010

El Tribunal Supremo ordenó el martes la puesta en libertad de un hombre de Las Palmas, Ricardo C.C. ,por falta de pruebas. Está libre. El alto tribunal no ha dictado aún sentencia pero fuentes judiciales señalan que la base de la decisión es que con los resultados biológicos y unos reconocimientos realizados 10 años después, no hay soporte de culpabilidad para que permanezca un día más en la cárcel. Había sido condenado falsamente de tres violaciones.

Pasó que un informe de la Policía Científica, analizando las muestras biológicas existentes, había excluído la culpabilidad de Ricardo pero la Audiencia Provincial de Las Palmas lo condenó a 36 años de prisión de los que ha cumplido dos y medio. Pero el Tribunal Supremo le absolvió el lunes. La Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria hizo caso omiso al informe emitido por el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas que decía lo mismo que la Policía Científica. Las únicas pruebas en contra del condenado fueron las declaraciones de las tres víctimas que le reconocieron, 10 años después de los delitos, a pesar de que el acusado iba con la cara tapada. Los errores judiciales en las sentencias de violación suelen seguir una misma pauta: hay víctimas convencidas de que el inocente es su verdugo.

No son errores inevitables. Hay problemas estructurales que provocan sentencias injustas. Los errores de identificación de sospechosos están detrás de más de tres cuartas partes de los casos, según la asociación norteamericana Innocence Project, que ha sacado de la cárcel a 235 personas (algunos en el corredor de la muerte), gracias a pruebas de ADN. Viendo estos días la imagen de este hombre sentado en el banquillo, camino de la cárcel para cumplir 36 años de prisión es desalentador. Los jueces se equivocan, los policías se equivocan y en muchas ocasiones, quienes también se equivocan son las víctimas que se empecinan en ver lo blanco negro. Ricardo, el inocente, ya ha dicho que pedirá una indemnización al Ministerio de Interior por un error judicial que le ha robado años de vida. No hay dinero para resarcir a nadie de tamaña injusticia. A la administración esa indemnización le importa cuarto y mitad. Pagamos nosotros. Si las mujeres exigimos justicia en casos de maltrato el  caso de Ricardo debemos meterlo en el mismo saco. Lo terrible es que, demostrada su inocencia, en la isla hay un violador suelto.